Privatización de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales, sobreconcesionamiento, acaparamiento y el surgimiento de un mercado ilícito del agua son algunos de los riesgos que persisten en la iniciativa para reformar la Ley General de Aguas.

Al presentarla, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su propuesta como una "oportunidad histórica" para garantizar el derecho humano al agua, pero diversas organizaciones de la sociedad civil alertan sobre falta de mecanismos claros para transformar el actual modelo de gestión del recurso hídrico.

De acuerdo con estas agrupaciones, la iniciativa mantienen vacíos graves que perpetúan la "mercantilización del agua", limitan la participación social y posponen hasta seis décadas la garantía efectiva del derecho humano al acceso al recurso.

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