La discusión en torno a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, particularmente aquella que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, “ha puesto de relieve profundas preocupaciones sobre el equilibrio de poder en las relaciones laborales en México. Las reformas laborales posteriores al 1 de mayo de 2019 en general, sugieren que la legislación actual y propuesta podría estar socavando los derechos de los trabajadores en lugar de protegerlos”, afirmó Pablo Franco, abogado de ILAW Network.

Luego de un análisis de la propuesta que se analizará en los próximos días en el Senado, expuso que “el punto medular de la controversia radica en la potestad que, de facto, se otorga al patrón para establecer la distribución de la jornada. Al permitir que sea la parte empleadora la que determine cómo se reparten las horas de trabajo, se compromete seriamente el derecho de las personas trabajadoras al tiempo libre. Esta medida se ampara en la pretensión de que las partes pueden ‘ponerse de acuerdo’, un supuesto que resulta insostenible en el contexto laboral mexicano.

En este escenario, cualquier reforma que dependa de un acuerdo bilateral voluntario para proteger los derechos del trabajador termina, en la práctica, agravando la unilateralidad patronal. “La consecuencia directa es el detrimento de los intereses de las personas trabajadoras, al mantener una estructura que ya favorecía al patrón”, destacó.

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