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Con la publicación del Programa Nacional Hídrico 2026-2030, el gobierno federal fijó objetivos que tendrán implicaciones directas para industrias intensivas en consumo de agua, desde bebidas y alimentos hasta minería, manufactura, agroindustria y desarrollos inmobiliarios.
El programa reconoce que 104 de las 757 cuencas presentan problemas de disponibilidad; que 286 acuíferos ya no cuentan con agua disponible; y que regiones como el Valle de México registran niveles de presión hídrica superiores al 128%, según el documento.
El programa plantea fortalecer la supervisión de concesiones, impulsar el uso eficiente del recurso y garantizar el derecho humano al agua como prioridad nacional. “El programa cambia radicalmente la perspectiva del estado frente al consumo y la explotación del agua al verla como un derecho humano y quitándole la visión patrimonialista, es decir solo como un bien de consumo”, dice Mauricio Llamas, socio regulatorio de Hogan Lovells.
Entre sus metas se encuentran la recuperación acumulada de 3,000 millones de metros cúbicos de agua hacia 2030 y un análisis de alrededor de 500,000 títulos de concesiones para ordenar su uso y disponibilidad.
Esta revisión ya está en curso. Llamas cuenta que la Conagua ha enviado desde hace meses cartas de invitación a empresas para que se regularicen, paguen adeudos y devuelvan volúmenes que no están utilizando. "Ya estamos en revisiones que llamamos auditorías hídricas, y en litigios", comenta.
Una de las transformaciones para las empresas intensivas en agua es la prohibición de mantener volúmenes ociosos más allá de seis años, incluso pagando cuotas de garantía y la eliminación de la transmisión de derechos de agua entre particulares.
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